Académicos y activistas señalan riesgos ambientales del fracking en México
Especialistas advierten que la fracturación hidráulica es un modelo de capitalismo fósil incompatible con la sustentabilidad energética nacional.
Diversos especialistas y organizaciones ambientales han reiterado este domingo que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, representa un modelo de desarrollo basado en el capitalismo fósil que resulta incompatible con los objetivos de sustentabilidad del país. Durante los últimos meses, diversos foros de análisis han cuestionado la viabilidad de esta práctica debido a sus impactos en los acuíferos y el uso intensivo de agua, elementos críticos para el desarrollo agrícola y humano en varias entidades federativas.
El debate sobre la viabilidad de esta técnica cobra relevancia al recordar que la prohibición del fracking fue presentada como la promesa de campaña número 87 por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Dicho compromiso se orientó a transitar hacia un modelo energético que priorice la soberanía nacional sin comprometer los recursos naturales, distanciándose de las prácticas extractivas intensivas que han sido duramente criticadas por organismos ambientalistas internacionales.
Desde la perspectiva de los colectivos sociales, el fracking no solo implica riesgos geológicos y de contaminación, sino que perpetúa una dependencia de hidrocarburos que contradice las metas climáticas establecidas por el gobierno federal en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La postura de la administración actual ha sido enfatizar la eficiencia energética y el fortalecimiento de PEMEX bajo esquemas que busquen minimizar el daño ambiental en las zonas de extracción.
Por su parte, el equipo de la presidencia ha señalado en diversas ocasiones que la política energética del sexenio está enfocada en la transición hacia energías limpias y en la protección de los territorios frente a proyectos que no garanticen la seguridad hídrica. La discusión sobre el cumplimiento de la promesa número 87 permanece vigente en el Congreso de la Unión, donde legisladores de distintos grupos parlamentarios analizan los alcances de una posible prohibición definitiva en la legislación secundaria.
Finalmente, organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y se garantice que las operaciones de hidrocarburos cumplan con los estándares más estrictos de protección ambiental. La tensión entre la necesidad de producción energética y la preservación de los ecosistemas locales sigue siendo uno de los puntos centrales en la agenda de la administración pública.
