Aumentan 252% denuncias por presuntos delitos cometidos por la Guardia Nacional

La Guardia Nacional registró 19,707 presuntos delitos durante el año 2025 al realizar puestas a disposición ante el Ministerio Público, lo que representa un incremento del 252% en comparación con los registros del periodo previo. Este aumento, documentado en las estadísticas oficiales de las instituciones de seguridad, refleja una tendencia creciente en las irregularidades señaladas durante los operativos y detenciones realizadas por los elementos federales en territorio nacional.

El análisis de los datos indica que la mayoría de estas incidencias están vinculadas a la cadena de custodia y los procedimientos de entrega de detenidos ante la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha señalado que cada caso reportado es objeto de revisión interna para deslindar responsabilidades, conforme a los protocolos de actuación que rigen a la corporación desde su integración operativa bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por estas cifras, argumentando que el incremento en las denuncias debilita la confianza ciudadana en la institución. Los colectivos sugieren que es urgente fortalecer los mecanismos de supervisión externa y la capacitación continua de los efectivos en materia de derechos humanos y debido proceso, evitando así que los errores en los informes policiales impacten negativamente en los resultados de las investigaciones penales.

Por su parte, el equipo de la Secretaría de Seguridad ha manifestado que se trabaja en la modernización de los sistemas de registro digital y en la implementación de cámaras corporales para todos los elementos desplegados en el país. El objetivo de estas propuestas es aumentar la transparencia en cada interacción con la ciudadanía y reducir los márgenes de error administrativo durante las puestas a disposición.

Finalmente, expertos en seguridad pública señalan que el reto principal consiste en equilibrar la capacidad operativa de la Guardia Nacional con un estricto apego a la legalidad. La atención de estos casos en los tribunales será determinante para evaluar la eficacia de los controles internos y asegurar que el incremento estadístico no derive en una mayor vulnerabilidad jurídica para los ciudadanos detenidos.