Comunidades de Chiapas protestan contra el proyecto carretero Palenque-Ocosingo
Habitantes tseltales y cho’oles marcharon en Chiapas para denunciar la imposición de una nueva autopista que, aseguran, vulnera sus territorios y recursos naturales.
Cientos de integrantes de pueblos originarios tseltales y cho’oles se movilizaron este lunes en diversas localidades de Chiapas para expresar su rechazo frontal a la construcción de la autopista que conectará Palenque con Ocosingo. Los manifestantes sostienen que la obra de infraestructura ha sido proyectada sin llevar a cabo procesos de consulta previa, libre e informada, contraviniendo los derechos fundamentales de las comunidades indígenas asentadas en la zona de influencia del proyecto.
Durante la jornada de protesta, los representantes comunitarios denunciaron que el trazado carretero representa una amenaza directa para la integridad de sus territorios. Según los inconformes, la ejecución de los trabajos implica el riesgo inminente de destrucción de manantiales esenciales para el consumo humano, además de afectar sitios considerados sagrados por su cosmovisión y valor cultural. Los manifestantes subrayaron que la fragmentación del tejido social y el impacto ambiental derivado de la obra son preocupaciones que no han sido atendidas por las autoridades federales.
Los grupos de manifestantes argumentan que el proyecto carretero carece de un enfoque social inclusivo y cuestionan los beneficios reales que esta infraestructura aportará a la población local. De acuerdo con las declaraciones de los voceros del movimiento, la obra parece estar diseñada bajo una lógica de beneficio exclusivo para empresas concesionarias y el desarrollo turístico a gran escala, ignorando las necesidades de movilidad y conectividad de los habitantes originarios que han cuidado la selva durante generaciones.
Ante este escenario, las comunidades han solicitado la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para revisar los estudios de impacto ambiental y social. Los manifestantes insistieron en que cualquier proyecto de esta magnitud debe contar con el consentimiento explícito de los pueblos afectados, garantizando la preservación de los recursos hídricos y el respeto a la autonomía comunitaria frente a las políticas de desarrollo estatal.
