Exigen justicia y seguridad para trabajadores mineros en el estado de Sinaloa

Representantes del sector minero y familiares de trabajadores desaparecidos en Sinaloa solicitaron este sábado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reforzar las estrategias de seguridad en las zonas extractivas del estado. La petición surge tras una serie de incidentes violentos que han afectado a las operaciones mineras en la región, donde diversos trabajadores han sido reportados como desaparecidos o han perdido la vida en hechos relacionados con la inseguridad en los últimos meses.

El gremio minero ha manifestado su preocupación por el impacto de la violencia en el desarrollo de la industria y la integridad de quienes laboran en las minas. A través de pronunciamientos públicos, los representantes del sector han enfatizado que las víctimas no deben reducirse a cifras estadísticas, sino que se requiere una respuesta integral que garantice condiciones de paz en las áreas de trabajo para evitar que el clima de inseguridad continúe escalando en los centros operativos.

Ante esta situación, el sector ha propuesto la implementación de operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para patrullar las zonas de mayor riesgo. Asimismo, han planteado la necesidad de establecer mesas de diálogo con las autoridades federales y estatales para coordinar esfuerzos que permitan la localización de los desaparecidos y la protección de las familias afectadas por estos actos de violencia.

El gobierno federal, por su parte, ha señalado que se revisan las condiciones de seguridad en las regiones con mayor actividad extractiva. Aunque no se han anunciado medidas inmediatas de carácter extraordinario, se espera que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República trabajen en la integración de las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en la entidad.

La comunidad minera mantiene la exigencia de que el Estado garantice el derecho a trabajar sin temor a represalias o actos delictivos. La expectativa de los familiares y las organizaciones empresariales es que las autoridades federales establezcan protocolos de actuación eficaces que permitan recuperar la tranquilidad en los municipios donde la industria minera es el principal motor económico y fuente de empleo.