FBI y DEA investigan a hermanos Farías por vínculos con el CJNG
Autoridades estadounidenses vinculan a los hermanos Farías con el contrabando de combustible hacia México bajo la operación Muerte Líquida.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) han intensificado sus operaciones contra los hermanos Farías, señalándolos como piezas clave en una red internacional de contrabando de hidrocarburos. La investigación, denominada por las autoridades estadounidenses como operación Muerte Líquida, sostiene que este grupo delictivo facilita el suministro de combustible de manera ilícita hacia territorio mexicano, el cual es presuntamente utilizado para abastecer las actividades logísticas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las pesquisas apuntan a que los hermanos Farías coordinan el movimiento de cargamentos desde el extranjero para evadir los controles fronterizos y aduanales. De acuerdo con informes preliminares, esta estructura logística permite que el grupo criminal mantenga sus operaciones en diversas regiones del país, utilizando el combustible como un recurso estratégico para su movilidad operativa y el control territorial en zonas rurales y urbanas.
La colaboración entre agencias de seguridad de Estados Unidos y las autoridades mexicanas, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), se ha fortalecido en las últimas semanas para desmantelar esta red. El objetivo principal es identificar las rutas de distribución y los puntos de almacenamiento clandestino que permiten que el combustible llegue a manos de las organizaciones criminales sin pasar por la supervisión de PEMEX.
Fuentes cercanas a las instituciones de seguridad indicaron que se están realizando intercambios de inteligencia para judicializar a los involucrados. Aunque los detalles precisos sobre las órdenes de aprehensión se mantienen bajo reserva, las autoridades han señalado que la operación Muerte Líquida representa un golpe significativo contra el financiamiento y la infraestructura de grupos delictivos que operan en México.
Este despliegue se suma a los esfuerzos constantes del gobierno federal para reducir el impacto del crimen organizado en el sector energético. La coordinación binacional busca no solo frenar el contrabando, sino también debilitar la capacidad operativa de los grupos que dependen de la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos para sostener sus actividades ilícitas.
