Gobierno destinará recursos recuperados de García Luna a escuelas en Guerrero
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que 5.8 millones de dólares recuperados tras procesos judiciales contra Genaro García Luna serán invertidos en infraestructura educativa en Guerrero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que el gobierno federal destinará 5.8 millones de dólares, recuperados como resultado de las acciones judiciales contra Genaro García Luna, a programas de rehabilitación y mejora de infraestructura escolar en el estado de Guerrero. Estos recursos, provenientes de activos vinculados a actos de corrupción, serán canalizados mediante la Secretaría de Educación Pública para fortalecer el entorno educativo en comunidades con alta vulnerabilidad social.
Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que el uso de estos fondos representa un paso en la recuperación de activos que fueron desviados del erario público. La estrategia busca que el dinero obtenido a través de litigios internacionales regrese a la población mexicana en forma de servicios básicos y equipamiento para centros escolares que presentan rezagos históricos en su mantenimiento.
Por otro lado, la administración federal mantiene una línea de investigación abierta para localizar y reclamar más activos financieros relacionados con el caso Weinberg, el cual ha sido identificado por las autoridades como una pieza clave en el esquema de triangulación de recursos públicos. La Consejería Jurídica y la Secretaría de Relaciones Exteriores continúan trabajando en coordinación con instancias internacionales para asegurar la repatriación de bienes y capitales que se encuentran fuera del territorio nacional.
El gobierno federal enfatizó que la política de recuperación de activos continuará como una prioridad, bajo el principio de que los recursos públicos malversados deben reintegrarse a los programas sociales y a la obra pública que beneficia directamente a los ciudadanos. Con esta acción, se busca sentar un precedente sobre la transparencia y el destino final de los bienes confiscados mediante procesos de justicia contra exfuncionarios implicados en delitos de corrupción.


