Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha retirado oficialmente las fichas rojas que pesaban sobre la conductora Inés Gómez Mont y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta determinación internacional, que limita las capacidades de localización y captura a nivel global, ha generado un cambio en el estatus legal de ambos personajes, quienes permanecen bajo investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) manifestó su desacuerdo y confirmó que iniciará los trámites diplomáticos y jurídicos necesarios ante la sede de la Interpol para solicitar la restitución de dichas notificaciones. Las autoridades mexicanas sostienen que la investigación en curso cuenta con el sustento probatorio suficiente para mantener la alerta activa, argumentando que el proceso judicial contra ambos individuos debe continuar sin obstáculos que faciliten su evasión de la justicia.

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga ha sido uno de los procesos más mediáticos en los últimos años, vinculado a presuntas irregularidades financieras que habrían afectado al erario público. La defensa de los implicados ha mantenido diversos litigios en el Poder Judicial para intentar desvirtuar las acusaciones y obtener suspensiones contra las órdenes de aprehensión giradas por jueces de control en territorio nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la FGR, se prepara para presentar nuevos argumentos ante la oficina central de la Interpol. La meta del gobierno mexicano es demostrar que las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal son temas de interés público prioritario, buscando que el organismo internacional reconsidere su postura y emita nuevamente las fichas que faciliten la cooperación entre las agencias de seguridad de distintos países.

Por ahora, la situación migratoria y legal de ambos involucrados permanece en un limbo administrativo internacional. Mientras las autoridades mexicanas insisten en la validez de sus expedientes, la incertidumbre jurídica persiste sobre los próximos pasos que tomarán los tribunales encargados de vigilar este proceso judicial de alto impacto en el país.