La fragilidad institucional y el costo de desmantelar políticas públicas eficaces
El desmantelamiento de estructuras estatales funcionales impacta directamente en el desarrollo económico y la calidad de vida, un fenómeno analizado desde la economía institucional.
La premisa de Douglass North, Premio Nobel de Economía, sobre por qué algunas naciones persisten en el atraso, cobra vigencia en el México actual donde el debate público se centra en la eficiencia del aparato estatal. El economista sostenía que la prosperidad de un país no depende únicamente de sus recursos naturales, sino de la solidez de sus instituciones y la capacidad de estas para incentivar la inversión y la confianza. Cuando se opta por sustituir sistemas probados por modelos experimentales sin una transición técnica adecuada, los costos operativos suelen recaer en la población más vulnerable.
En el contexto mexicano, diversas Secretarías de Estado y organismos autónomos han enfrentado procesos de reestructuración profunda en los años recientes. Desde la perspectiva de analistas económicos, la sustitución de mecanismos de compra consolidada de medicamentos o la modificación en las reglas de operación de programas sociales genera incertidumbres que afectan la eficiencia del gasto público. Estos cambios, aunque se presentan como propuestas de mejora administrativa, han derivado en retos logísticos significativos para instituciones como el IMSS-Bienestar y las dependencias encargadas de la infraestructura.
La experiencia histórica sugiere que la destrucción de capacidades administrativas consolidadas a lo largo de décadas requiere periodos prolongados para ser reconstruidas. El riesgo principal, según expertos en políticas públicas, es el debilitamiento del Estado de derecho y la pérdida de contrapesos necesarios para la rendición de cuentas. Cuando las instituciones pierden su capacidad técnica, la gestión pública se vuelve reactiva, priorizando la inmediatez política sobre la planeación estratégica a largo plazo necesaria para el crecimiento sostenido.
Finalmente, el balance entre la transformación gubernamental y la estabilidad operativa sigue siendo el punto central de la discusión en el Congreso de la Unión. Mientras el Poder Ejecutivo propone reformas adicionales para centralizar la toma de decisiones, sectores académicos y empresariales advierten sobre el impacto de la incertidumbre jurídica. El costo de destruir lo que funciona, bajo el argumento de la renovación, es una lección que México continúa explorando en un entorno económico global cada vez más competitivo.
