Perú manifiesta malestar ante México por videos de Betssy Chávez
La Cancillería peruana expresó su inconformidad tras la difusión de mensajes grabados por la exfuncionaria asilada en territorio mexicano.
El gobierno de Perú presentó formalmente su malestar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México tras la difusión de un video en redes sociales donde aparece Betssy Chávez, quien actualmente cuenta con asilo político en territorio mexicano. La controversia surgió luego de que la exfuncionaria fuera grabada junto a su madre, Herminia Chino, identificada como candidata al Senado por el partido Podemos Perú en su país de origen. Esta situación ha generado una serie de consultas diplomáticas entre ambos países, al considerar que la actividad mediática de la asilada podría contravenir las normas internacionales sobre el derecho de asilo.
Fuentes diplomáticas indicaron que la representación peruana ha solicitado formalmente a las autoridades mexicanas que se tomen las medidas necesarias para asegurar que la figura del asilo no sea utilizada con fines de interferencia en procesos políticos internos. La SRE, por su parte, mantiene los canales de comunicación abiertos para atender las preocupaciones planteadas por el gobierno andino, bajo la premisa de mantener una relación bilateral que priorice el respeto mutuo y la soberanía de las naciones involucradas.
El equipo de defensa de la asilada ha señalado a través de terceros que los mensajes difundidos tienen un carácter estrictamente personal y familiar, deslindando dichas expresiones de cualquier intención de injerencia política en el proceso electoral peruano. A pesar de estos argumentos, la presencia de la candidata al Senado en el material audiovisual ha sido el punto central del reclamo diplomático, elevando la tensión sobre las condiciones bajo las cuales se otorga la protección internacional en México.
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido una postura oficial sobre posibles restricciones adicionales a la comunicación de los asilados. El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites de la libertad de expresión y las actividades políticas permitidas para personas que gozan de asilo político en suelo mexicano, un tema que es seguido de cerca tanto por las autoridades migratorias como por el cuerpo diplomático acreditado en el país.
