PVEM propone facultar al INEGI para evaluar políticas públicas de niñez

Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron formalmente una iniciativa ante el Senado de la República para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta busca que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asuma la responsabilidad técnica de medir y evaluar el impacto real de las políticas públicas diseñadas para la protección y bienestar de la infancia en todo el país.

De acuerdo con la bancada del PVEM, el objetivo central de esta reforma es dotar al Estado mexicano de mecanismos de evaluación más precisos, objetivos y ajenos a la gestión política de los programas sociales. Los legisladores argumentan que, al contar con una institución autónoma como el INEGI a cargo del seguimiento, se podrá identificar con mayor claridad qué estrategias han sido eficaces para combatir la vulnerabilidad infantil y cuáles requieren ajustes urgentes.

La propuesta establece que el INEGI no solo recopilaría datos demográficos, sino que también analizaría la efectividad de las acciones implementadas por diversas dependencias federales. Esta medida pretende cerrar la brecha de información existente y asegurar que las decisiones presupuestarias y de diseño institucional se fundamenten en evidencia estadística sólida, promoviendo así la transparencia en la aplicación de recursos destinados a la niñez.

El grupo parlamentario enfatizó que la protección de los derechos de los menores debe ser una prioridad nacional, por lo que la participación técnica del INEGI permitiría estandarizar la evaluación en las 32 entidades federativas. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Senado para su análisis, donde se discutirá la viabilidad de integrar estas nuevas atribuciones al marco legal vigente del instituto autónomo.

Si el Congreso de la Unión aprueba esta reforma, el INEGI se convertiría en el principal ente supervisor de los resultados en materia de niñez, marcando un cambio en la rendición de cuentas del Gobierno Federal. Los senadores proponentes mantienen la expectativa de que el dictamen avance durante el actual periodo de sesiones, consolidando así una estructura de evaluación técnica que trascienda las administraciones sexenales.