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Sheinbaum cuestiona regreso de Rocha Moya y pide definir gobernador interino

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como imprudente la reincorporación de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, instando al Congreso local a designar un interino.

Redacción El Nacional Hoy
Foto: sdpnoticias.com

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, marcó distancia este lunes respecto a la reincorporación de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa tras su periodo de licencia. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó la decisión del gobernador como imprudente, argumentando que el contexto actual en la entidad requiere de una transición institucional clara y sin ambigüedades políticas.

Ante la incertidumbre generada en el estado, la jefa del Ejecutivo federal descartó que exista una ruptura formal con el mandatario estatal, aunque subrayó que no ha mantenido diálogo directo sobre este retorno específico. Sheinbaum enfatizó que la prioridad del gobierno federal es garantizar la estabilidad política y la seguridad en Sinaloa, por lo que exhortó a los integrantes del Congreso del Estado a cumplir con sus facultades constitucionales.

La presidenta solicitó formalmente al Legislativo sinaloense que proceda con el nombramiento de un gobernador interino para asegurar la gobernabilidad. Según los lineamientos expuestos por el equipo de la presidencia, esta medida busca evitar vacíos de poder o cuestionamientos sobre la legitimidad de las decisiones ejecutivas en una entidad que enfrenta retos significativos en materia de seguridad pública.

Por su parte, el equipo de comunicación de la presidencia reiteró que la postura de Sheinbaum es un llamado a la responsabilidad institucional. Se enfatizó que el Poder Ejecutivo federal mantendrá el despliegue de la Guardia Nacional y la coordinación con las autoridades locales, independientemente de quién encabece la administración estatal en los próximos meses.

Finalmente, se espera que el Congreso de Sinaloa sesione en los próximos días para analizar la solicitud presidencial y determinar la ruta jurídica a seguir. La administración federal ha insistido en que cualquier solución debe apegarse estrictamente a la Constitución local para salvaguardar el orden público y la continuidad de los programas sociales en la región.

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