Vinculan a proceso a siete personas y tres empresas por AXE Ceremonia

Un juez de control del Poder Judicial dictó auto de vinculación a proceso contra siete personas físicas y tres empresas por su presunta responsabilidad indirecta en la muerte de dos fotoperiodistas durante la edición reciente del festival AXE Ceremonia. La resolución judicial se fundamenta en las investigaciones realizadas sobre las omisiones en los protocolos de seguridad y protección civil durante la realización del evento masivo en el Estado de México.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó indicios que señalan una falta de supervisión adecuada en las estructuras y áreas de trabajo asignadas a los medios de comunicación. Los imputados enfrentan cargos relacionados con la negligencia en el cumplimiento de las normativas de seguridad que deben garantizar la integridad de los asistentes y trabajadores dentro de espacios de alta concentración de personas.

Las empresas vinculadas a proceso incluyen a la promotora del evento y dos compañías subcontratadas para la gestión de logística y seguridad privada. Según los lineamientos legales, estas entidades deberán responder por la falta de medidas preventivas que, según las autoridades, derivaron en el fatal desenlace de los dos comunicadores mientras cumplían con sus labores informativas.

El juzgador otorgó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará recabando pruebas periciales y testimoniales. Por su parte, los representantes legales de los imputados han manifestado su intención de colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos, mientras las familias de los fotoperiodistas mantienen su exigencia de justicia ante las instancias estatales correspondientes.

Este caso ha puesto bajo la lupa las políticas de seguridad en eventos culturales de gran escala en territorio nacional. Especialistas en protección civil han señalado la necesidad de fortalecer la coordinación entre los organizadores de eventos y las autoridades municipales para asegurar que los recintos cumplan con todos los estándares técnicos y de seguridad pública vigentes.