Dirigencia del PAN exige investigar a gobernadora por presuntos audios filtrados

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, exhortó este lunes al gobierno federal a aplicar la ley de manera estricta y sin distinciones partidistas tras la reciente difusión de audios que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El líder opositor enfatizó que las instituciones deben actuar con transparencia para esclarecer el contenido de las grabaciones, que han generado señalamientos sobre la gestión pública en la entidad.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el dirigente panista subrayó que la exigencia de su partido es que las autoridades competentes, particularmente la Fiscalía General de la República, realicen una investigación exhaustiva. Según lo planteado por la dirigencia, el objetivo es determinar si existen elementos suficientes para configurar alguna responsabilidad administrativa o penal, garantizando que el proceso se mantenga al margen de cualquier sesgo político.

Romero insistió en que el gobierno federal tiene la obligación constitucional de velar por la legalidad en todos los estados, independientemente de la filiación política de sus gobernantes. El posicionamiento busca presionar para que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas claros, argumentando que la confianza ciudadana depende de la capacidad de las autoridades para investigar a cualquier funcionario público bajo sospecha.

Por su parte, el equipo de comunicación de la gobernadora ha mantenido una postura de reserva frente a los señalamientos, mientras sectores de la oposición en el Congreso de la Unión han manifestado su intención de presentar puntos de acuerdo para solicitar informes detallados. El PAN sostiene que, más allá de la controversia mediática, es imperativo que las instancias judiciales determinen la autenticidad de los materiales y procedan conforme a derecho en caso de encontrar irregularidades.

Finalmente, la dirigencia nacional del blanquiazul reiteró que continuarán dando seguimiento a este caso en las próximas semanas. La expectativa del partido es que los órganos de control y procuración de justicia actúen con prontitud, evitando que el silencio oficial sea interpretado como una forma de encubrimiento ante posibles actos de corrupción o abuso de funciones en el ámbito estatal.